ANALISIS NOTICIOSO / POR ALBERTO QUEZADA
La carta pública de la fiscal Rosalba Ramos ha desatado una tormenta de interpretaciones, pero lo esencial de su mensaje no debe perderse: hay una degradación grave del ejercicio comunicacional en la República Dominicana, y el Estado —junto a los gremios— tiene la responsabilidad de actuar.
La fiscal no ataca la libertad de expresión; la defiende de su perversión. Señala con claridad una realidad que muchos prefieren ignorar: plataformas digitales convertidas en tribunales sin reglas, donde cualquier persona, sin formación ni responsabilidad legal, puede destruir reputaciones por clics o beneficios personales. Esta es la usurpación del periodismo, y su proliferación impune es un cáncer para la democracia.
Ramos denuncia el chantaje mediático, las campañas de descrédito y la falta de consecuencias para quienes viven de la calumnia. Es una crítica valiente desde dentro del sistema, que plantea una necesidad urgente: rescatar el concepto mismo de periodismo. No basta con tener un canal en YouTube, un espacio en radio o miles de seguidores para asumir funciones informativas. El periodismo es una profesión, no un hobby ni un arma de presión.
Aquí entra el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), cuya voz ha sido demasiado tímida ante esta crisis. ¿Dónde está la defensa activa del título profesional? ¿Dónde están las acciones concretas contra el intrusismo? ¿Dónde los pronunciamientos para trazar una línea entre el comunicador con ética y el mercenario del escándalo?
La fiscal ha hecho su parte: alzar la voz, con autoridad institucional y experiencia personal. Ahora corresponde al gremio periodístico asumir su rol histórico y salir en defensa no solo de sus miembros, sino del oficio mismo. Porque si todo el que habla o difama es llamado “periodista”, la palabra pierde valor y la verdad se vuelve opcional.
Ramos pone el dedo en la llaga, y duele porque tiene razón. No se trata de censura, sino de orden. No de callar, sino de distinguir. El periodismo no puede seguir siendo rehén de la desinformación ni escudo de la extorsión. Y si el CDP no lidera esta batalla, alguien más lo hará… probablemente los tribunales.
