El Ministerio Público sustenta una parte clave de su acusación contra el exprocurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara en las presuntas presiones ejercidas de forma reiterada sobre el testigo Roberto Canaán, en el marco del caso Senasa, con el objetivo de concretar el pago de un soborno.
Según el expediente, el imputado —quien pertenecía a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA)— habría mantenido una conducta insistente y coercitiva mediante llamadas telefónicas dirigidas a Canaán, quien se desempeñaba como gerente de Atención al Usuario de Senasa e integraba el comité creado por Santiago Hazim.
Entre los elementos más relevantes, el órgano acusador destaca un contacto ocurrido el 18 de marzo de 2026, cuando el fiscal habría enviado un mensaje directo al testigo: “¿Para cuándo está la cosa?”.
En esa misma comunicación, presuntamente fijó como fecha límite el 24 de marzo, condicionando el curso del proceso penal al cumplimiento de la exigencia económica.
Las autoridades sostienen que estas actuaciones configuran un patrón de coacción continuada, en el que el imputado habría utilizado su posición dentro del sistema de justicia para intimidar al testigo y forzarlo a acceder a sus demandas.
Intento de alterar la investigación
El expediente también señala que estas presiones se suman a una propuesta previa, en la que el fiscal habría ofrecido modificar el curso de la investigación a cambio de un pago inicial de 200 mil dólares (US$200,000) y otros bienes de alto valor.
Debido a la gravedad de los hechos y a la condición de jurisdicción privilegiada del imputado, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso Gómez, solicitó la designación de un juez especial para conocer el caso.
En respuesta, el magistrado Julio César E. Canó Alfau designó a Ysis B. Muñiz Almonte como jueza de la Instrucción Especial, quien estará a cargo del proceso.
