Santo Domingo, R.D. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) destacó este lunes el papel estratégico que han desempeñado las compras públicas agroalimentarias en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria del país, tras el reconocimiento histórico otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a la República Dominicana por haber reducido la prevalencia de la desnutrición por debajo del 2.5 %, saliendo oficialmente del mapa del hambre.
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó que este reconocimiento internacional es el resultado de una política pública sostenida y del compromiso conjunto del Estado dominicano, los productores agropecuarios, las instituciones públicas y la sociedad.
“Este logro no es producto del azar. Es la evidencia de una estrategia de Estado que ha colocado la alimentación y el desarrollo productivo en el centro de las políticas públicas, donde las contrataciones públicas han desempeñado un papel determinante”, expresó.
Un sistema de compras al servicio de la seguridad alimentaria
Pimentel informó que entre el 18 de agosto de 2020 y el 30 de junio de 2026 el Estado dominicano destinó RD$342,836,617,298.16 a la adquisición de alimentos a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), mediante 277 procesos de compra ejecutados por 14 instituciones responsables de programas de alimentación escolar, asistencia social y atención a la primera infancia.
“Este volumen de inversión convierte al Estado en uno de los principales compradores de alimentos del país, generando una demanda pública que abastece diariamente escuelas, hospitales, comedores económicos, centros de atención a la primera infancia y programas de asistencia social”, indicó.
Precisó que el 99.79 % de esa inversión se concentra en cinco instituciones, encabezadas por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), que representa el 85.73 % del monto contratado. Le siguen la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), el Plan de Asistencia Social de la Presidencia, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE).
Compras públicas que fortalecen la producción nacional
Además de garantizar el abastecimiento de los programas sociales, las compras agroalimentarias han servido como un importante motor para el desarrollo económico nacional.
Las estadísticas muestran que el 100 % de las adjudicaciones fueron otorgadas a empresas nacionales, en consonancia con la política de fortalecimiento de la producción local establecida en la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas.
Asimismo, el 74.9 % de las adjudicaciones correspondió a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), consolidando al mercado público como una plataforma de crecimiento para productores, cooperativas rurales y agroindustrias nacionales.
En materia de inclusión, el 40.12 % de las adjudicaciones fue otorgado a empresas lideradas por mujeres y el 33.4 % correspondió a MIPYMES encabezadas por mujeres, reflejando avances concretos en equidad de género y acceso a oportunidades dentro del mercado público.
Un mercado más competitivo y transparente
La DGCP informó que los 277 procesos de contratación recibieron 19,870 ofertas presentadas por 4,677 proveedores, pertenecientes a un universo de 19,422 proveedores registrados en rubros agroalimentarios. Como resultado, 754 proveedores fueron adjudicados y suscribieron 3,855 contratos.
Los niveles de competencia evidencian la fortaleza del sistema: las licitaciones públicas nacionales registraron un promedio de 77 ofertas por proceso, los procesos de excepción 74 ofertas y las subastas inversas electrónicas 24 ofertas por proceso.
En cuanto a la eficiencia, el tiempo promedio para adjudicar fue de 52 días en las licitaciones públicas, 27 días en las subastas inversas y 17 días en los procesos de excepción por urgencia o emergencia, permitiendo responder oportunamente a las necesidades de abastecimiento de los programas sociales.
Monitoreo para garantizar la integridad del gasto público
Durante el período analizado, la DGCP monitoreó el 95 % del monto destinado a compras agroalimentarias e intervino mediante observaciones técnicas el 63 % de los recursos supervisados, equivalente a RD$215,987,068,897.84.
Estas acciones preventivas fortalecen la transparencia, la eficiencia y la integridad del sistema, asegurando que los recursos públicos destinados a la alimentación lleguen de manera oportuna y conforme a la normativa.
“El reconocimiento de la FAO es la manifestación más visible de una política pública coherente y sostenida. Las compras públicas agroalimentarias no solo garantizan el abastecimiento de alimentos para los programas sociales; también generan mercados estables para los productores nacionales, fortalecen las cadenas de valor, dinamizan las economías locales y promueven la inclusión de las mujeres y las MIPYMES”, afirmó Pimentel.
El titular de la DGCP reiteró el compromiso institucional de continuar utilizando el poder de compra del Estado como una herramienta para impulsar el desarrollo productivo, fortalecer la seguridad alimentaria y construir un país más equitativo, competitivo y sostenible.
