Santo Domingo, R.D.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este lunes la suspensión de oficio del procedimiento de licitación pública nacional núm. Ayuntamiento Azua-CCC-LPN-2025-0001, convocado por el Ayuntamiento Municipal de Azua para el “Diseño, construcción, operación y mantenimiento de un relleno sanitario regional con planta de valorización”, con un monto estimado de RD$620 millones.
La DGCP explicó que la medida fue adoptada tras un monitoreo preventivo que reveló violaciones graves a la Ley 340-06, su Reglamento 416-23 y a los principios de transparencia, proporcionalidad y libre concurrencia.
Entre las irregularidades detectadas figuran la ausencia del estudio previo o análisis de viabilidad —documento esencial para justificar técnica y económicamente el proyecto—, criterios de adjudicación ambiguos, falta de tablas de ponderación claras, una duración contractual de 20 años sin sustento legal, y enmiendas presentadas fuera del plazo establecido, lo que afecta la validez y trazabilidad del proceso.
Como resultado, el órgano rector dictó la suspensión de oficio de la licitación, lo que implica su ejecución inmediata en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), además de la notificación formal al Ayuntamiento de Azua y su publicación en los portales oficiales de la DGCP y del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP), con el objetivo de salvaguardar la transparencia y el uso correcto de los recursos públicos.
Sobre el monitoreo preventivo
El monitoreo preventivo es una herramienta que permite a la DGCP supervisar los procesos de contratación antes de su adjudicación, para verificar el cumplimiento de la normativa vigente, prevenir irregularidades y garantizar la igualdad de condiciones entre oferentes.
De acuerdo con el artículo 108 del Reglamento 416-23, la DGCP puede suspender de oficio un proceso cuando la entidad contratante no subsana oportunamente las observaciones formuladas durante el monitoreo.
Mediante una nota de prensa, la DGCP reiteró que el monitoreo preventivo es un instrumento de transparencia y buena administración, orientado a asegurar que los procesos de compras y contrataciones públicas se realicen conforme a la ley y en beneficio del interés general.
