La Narcopolítica en el cartel del cambio
Por Nicolás Mateo
La relación entre el narcotráfico y la política no es un fenómeno nuevo en la República
Dominicana, pero sí es una de sus heridas menos cicatrizadas. Durante décadas, el país ha
sido un punto estratégico en el mapa del tráfico internacional de drogas: una bisagra
entre los centros de producción en Suramérica y los grandes mercados de consumo en
Norteamérica y Europa. Esa condición geográfica, sumada a debilidades históricas del
Estado, ha creado un terreno fértil para que el crimen organizado busque algo más que
rutas y puertos: busque poder.
El narcotráfico no opera en el vacío. Para sobrevivir y expandirse necesita protección,
silencio, complicidades. En sociedades donde la institucionalidad es frágil o selectiva, esa
protección suele encontrarse en la política: en campañas financiadas sin preguntas, en
candidaturas que crecen demasiado rápido, en funcionarios que confunden
representación pública con intereses privados.
No se trata de una ideología ni de un partido específico, aunque los personeros del bajo
mundo buscan las organizaciones más tolerantes y proclives al crimen; se trata de un
modelo de captura del poder que se repite, donde encuentra mejor caldo de cultivo.
En 2020, la llegada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) al poder estuvo
acompañada de una narrativa contundente: el fin de la impunidad, la ruptura con las
viejas prácticas y el inicio de una nueva etapa de transparencia institucional. Ese discurso
conectó con una sociedad cansada de escándalos, corrupción administrativa y promesas
incumplidas. El “cambio” además de un eslogan electoral; fue una expectativa colectiva.
Sin embargo, el ejercicio del poder suele revelar contradicciones que la oposición no
muestra. A medida que el nuevo gobierno se consolidaba, comenzaron a emerger casos
judiciales que involucran a figuras electas, funcionarios o financiadores de campaña del
partido oficialista, muchos ya extraditados a los Estados Unidos bajo acusaciones de
narcotráfico y lavado de activos.
Cada caso, visto de manera aislada, podía explicarse como una responsabilidad individual,
sin embargo, en el caso del PRM parece que fuera una estrategia planificada por la cúpula
de ese partido, había que buscar el dinero donde fuese necesario, para poder competir
con las ventajas económicas que daba el poder al Partido de la Liberación Dominicana
(PLD).
Ante el cuadro descrito, habría que hacerse una pregunta incómoda pero necesaria:
¿por qué el narcotráfico logra infiltrarse con tanta facilidad una y otra vez en esa
estructura política sin que existan mecanismos efectivos o deseos para impedirlo?
Las extradiciones hacia los Estados Unidos —frecuentes, mediáticas y casi siempre más
contundentes que los procesos locales— han puesto en evidencia una realidad difícil de
ignorar. Mientras la justicia dominicana avanza con lentitud, o se limita a reacciones
administrativas y deslindes tardíos, son las cortes extranjeras las que terminan
procesando a actores que, hasta poco antes, ocupaban cargos públicos, financiaban
campañas, patrocinaron familiares, hijos, conyugues, o tomaban decisiones en nombre del
pueblo.
Este fenómeno ha tenido un impacto profundo en la confianza ciudadana. Cada arresto,
cada acusación internacional, cada expediente revelado fuera del país, erosiona un poco
más la credibilidad del sistema político en su conjunto. La indignación inicial suele dar
paso al escepticismo, y el escepticismo, a una peligrosa normalización: la idea de que la
corrupción y la narco-política son inevitables.
Pero lo que está en juego no es solo la reputación del PRM, ni la suerte judicial de
determinados dirigentes de esa organización. Lo que está en juego es la calidad de la
democracia dominicana, la capacidad del Estado para protegerse de intereses criminales y
el derecho de la ciudadanía a saber quiénes toman decisiones en su nombre y con qué
recursos llegaron hasta allí.
La democracia no se destruye de un día para otro. Se debilita cuando el crimen organizado
aprende a vestirse de candidato, cuando el dinero sucio financia discursos limpios, y
cuando las autoridades partidarias se hacen los desentendidos, hasta que los Estados
Unidos da el zarpazo.
La nueva modalidad implementada por el PRM en el poder, violentando la disposiciones
legales, es que cuando el Departamento de Estado solicita, a través de la Cancillería, la
extradición de un narcotraficante, el Gobierno empodera a la Suprema Corte del caso,
sino que informa al capo de que está pedido en extradición y este decide entregarse
“voluntariamente” a las autoridades de Estados Unidos, para lo cual le hacen conseguir
una viaja para poder viajar, y le preservan sus bienes en el país. Es una forma del poder
proteger al delincuente.
