POR ALBERTO QUEZADA
Por más que el presidente Luis Abinader insista —con razón— en que no interfiere en la justicia, la acumulación de casos de presunta corrupción que involucran a colaboradores de su gobierno ha colocado a su gestión en una zona de desgaste político inevitable. No es una crisis judicial del Presidente, pero sí una crisis de coherencia del proyecto que prometió transformar la política dominicana.
Abinader llegó al poder como símbolo de ruptura. Encarnó el cansancio social frente a la impunidad y elevó la vara ética del ejercicio público. Ese capital político, sin embargo, tiene un costo: cada escándalo no se mide como un hecho aislado, sino como una contradicción directa al relato del “cambio”.
Desde el Palacio Nacional, la estrategia ha sido clara: distancia personal, silencio prudente y traslado institucional de los casos al Ministerio Público. En términos democráticos, la decisión es correcta. En términos políticos, insuficiente. Gobernar no es solo permitir que la justicia actúe; también es asumir la responsabilidad política del equipo que se elige.
El problema no es que haya corrupción —ningún sistema está blindado—, sino la reiteración. La repetición erosiona la confianza, alimenta el cinismo ciudadano y reactiva una frase peligrosa para cualquier gobierno reformista: “todos son iguales”. Cuando esa percepción se instala, no distingue matices ni intenciones.
La sociedad dominicana, hoy más vigilante, no solo exige expedientes y tribunales. Exige señales políticas claras: destituciones oportunas, controles internos efectivos y una depuración real del poder. Sin eso, la independencia del Ministerio Público corre el riesgo de convertirse en el único escudo del gobierno, cuando debería ser apenas una parte de una política integral de transparencia.
Luis Abinader aún conserva una ventaja comparativa frente al pasado: no se le percibe como encubridor. Pero esa ventaja no es eterna. El tiempo político castiga la pasividad y premia la coherencia entre el discurso y la acción.
El “cambio” prometido no se pierde por un caso, sino por la incapacidad de corregir a tiempo. Y en política, como en la historia, las oportunidades que no se aprovechan suelen pasar factura.
