POR ALBERTO QUEZADA/ ANALISIS NOTICIOSO
Cambios en el Gobierno, movimientos militares y un año escolar que amenaza con convertirse en la verdadera prueba de fuego
SANTO DOMINGO.– El segundo mandato de Luis Abinader entra en una zona políticamente incómoda: aquella en la que ya no basta con anunciar reformas, exhibir indicadores positivos ni mover funcionarios de una oficina a otra. Ahora toca demostrar que el Gobierno puede corregir, ejecutar y responder.
Y todo apunta a que el presidente se prepara para una nueva sacudida en el tren gubernamental.
Pero aquí está la pregunta que importa: ¿serán cambios para gobernar mejor o simplemente cambios para administrar el desgaste?
Porque una cosa es rotar ministros, directores generales y altos mandos militares; otra muy distinta es resolver los problemas que están golpeando la puerta del Palacio Nacional.
EL PALACIO SE MUEVE
Abinader ya demostró que no le tiembla el pulso para reconfigurar su equipo. En enero de 2026, mediante los decretos 1-26, 2-26, 3-26 y otros posteriores, produjo una verdadera recomposición del tren gubernamental, con movimientos en ministerios y direcciones estratégicas. La propia Presidencia presentó aquellas decisiones como una estrategia para alinear equipos y fortalecer la gestión.
El mensaje político fue claro: nadie tiene el puesto comprado.
Y esa lógica podría volver a imponerse.
Pero cuidado: un Gobierno que cambia funcionarios tiene que explicar qué está buscando. Si el problema es incapacidad, se sustituye. Si es agotamiento, se rota. Si es falta de resultados, se remueve. Pero si cada movimiento termina siendo simplemente una silla musical, el ciudadano puede terminar preguntándose si realmente cambió el Gobierno o solamente cambiaron los nombres de las tarjetas de presentación.
Ahí está el filo de la discusión.
EL FRENTE MILITAR: DONDE CADA MOVIMIENTO PESA
En las Fuerzas Armadas el asunto adquiere otra dimensión.
En 2026 ya se han producido movimientos importantes. El Ministerio de Defensa realizó rotaciones en dependencias estratégicas, incluyendo el Cuerpo Especializado de Seguridad del Metro, el Comando Conjunto Metropolitano, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos y otros organismos especializados.
Además, se han producido procesos de retiros y movimientos de oficiales que han colocado nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la renovación de la cúpula militar. Reportes periodísticos han señalado incluso el retiro de cientos de oficiales en las tres ramas.
Esto no debe mirarse como una simple rotación burocrática.
En los cuarteles, mover una pieza puede significar cambiar una línea de mando, una estrategia operativa o una correlación interna de poder.
Y en el contexto dominicano actual, con la presión de la frontera, el combate al crimen organizado, el tráfico de personas, el narcotráfico y el apoyo militar a la seguridad ciudadana, el presidente necesita mandos que no solamente sean leales: necesita mandos eficientes, profesionales y capaces de producir resultados medibles.
Por eso, cualquier nueva tanda de cambios militares será leída con lupa.
¿Renovación generacional?
¿Premio a resultados?
¿Reacomodo interno?
¿Preparación para una nueva etapa?
La respuesta estará en los nombres.
LA EDUCACIÓN PUEDE SER EL VERDADERO TALÓN DE AQUILES
Y aquí aparece el problema que puede ser mucho más explosivo políticamente que cualquier cambio ministerial: el inicio del año escolar.
El Gobierno ha trabajado desde marzo en la preparación del período 2026-2027 y creó una comisión especial para anticipar necesidades de matrícula, espacios físicos, docentes, personal administrativo, mobiliario, libros, utilería y alimentación.
Es decir, sobre el papel, planificación no ha faltado.
El propio Ministerio de Educación asegura que está preparando 1,500 nuevas aulas para el inicio de agosto, con una meta de entre 2,300 y 2,500 aulas adicionales al finalizar el año, y sostiene que la demanda de cupos estará cubierta para el comienzo de la docencia el 24 de agosto.
Pero aquí comienza el problema político:
si el Gobierno dice que hay cupos y las comunidades dicen que no hay aulas suficientes, alguien tendrá que explicar dónde está la verdad.
Porque para una madre dominicana no existe una estadística abstracta.
Existe un niño.
Y ese niño necesita un aula.
Necesita un profesor.
Necesita una butaca.
Necesita seguridad.
Necesita disciplina.
Y necesita entrar a clases sin que su familia tenga que iniciar una peregrinación buscando espacio.
La inauguración de un año escolar puede ser una fotografía perfecta para la propaganda oficial, pero la verdadera evaluación ocurre el lunes siguiente, cuando aparecen las listas de estudiantes, los salones llenos, los profesores faltantes y las familias reclamando soluciones.
EL CELULAR: LA BATALLA QUE PARECE PEQUEÑA, PERO NO LO ES
Otro frente delicado es el uso de celulares.
El MINERD emitió la Orden Departamental 011-2026 para establecer lineamientos nacionales sobre dispositivos móviles y pantallas en los centros educativos, incluyendo restricciones, excepciones y medidas vinculadas a convivencia digital, ciberacoso y protección de los estudiantes.
La iniciativa tiene sentido.
El problema es la ejecución.
Porque prohibir o restringir un celular es relativamente fácil en una circular.
Lo difícil es establecer quién lo retira, dónde se guarda, cuándo se devuelve, qué pasa si el estudiante se niega, qué responsabilidad tiene el director, qué hacen los padres y cuáles son las sanciones.
Si el protocolo no está claro, la medida puede terminar generando más conflictos de los que pretende resolver.
Y entonces la escuela se convierte en tribunal, el maestro en policía y el director en árbitro de una pelea que debería estar reglamentada desde el Ministerio.
La educación necesita autoridad, sí.
Pero necesita autoridad con reglas claras.
INCENTIVOS Y RETROACTIVOS: LA BOMBA DE TIEMPO DEL MAGISTERIO
Aquí aparece otro asunto todavía más sensible: el dinero de los profesores.
El MINERD y la Asociación Dominicana de Profesores acordaron en julio los pasos finales para la evaluación de desempeño docente, incluyendo resultados, revisión, asignación de incentivos y los procesos administrativos para pagar incentivos y retroactivos. El Ministerio aseguró que cuenta con la apropiación presupuestaria y que, concluida la fase de revisión y apelación, iniciará los trámites correspondientes, dando prioridad a los retroactivos.
Traducido al lenguaje de la calle:
el compromiso existe, pero el profesor quiere saber cuándo llega el dinero.
Y esa diferencia entre “el proceso está avanzado” y “el dinero está depositado” puede convertirse en un abismo político.
Porque el magisterio no vive de cronogramas.
Vive de salarios.
Y si a esto se suma el reclamo de aumentos para el personal administrativo de las escuelas, el Gobierno enfrenta un frente laboral que puede crecer precisamente cuando más necesita tranquilidad en las aulas.
EL GOBIERNO NO PUEDE PEDIR PACIENCIA INFINITA
Aquí está el punto central de este análisis:
Abinader está entrando en una etapa en la que el crédito político comienza a depender menos de los anuncios y más de la capacidad de resolver problemas concretos.
Cambiar ministros puede refrescar un Gobierno.
Cambiar directores puede mejorar una institución.
Rotar militares puede fortalecer una estructura de mando.
Pero ninguna de esas cosas sustituye la gestión.
El Gobierno puede tener nuevos funcionarios, nuevos organigramas y nuevos discursos; pero si una escuela no tiene aula, si un profesor espera su incentivo, si un empleado administrativo reclama aumento y si un director no sabe cómo aplicar el protocolo del celular, el ciudadano no va a evaluar el organigrama.
Va a evaluar al presidente.
EL GRAN DILEMA DE ABINADER
El presidente tiene ahora una oportunidad y un riesgo.
La oportunidad es utilizar los cambios para construir una segunda mitad de mandato más ejecutiva, con funcionarios que sepan que los resultados pesan más que las relaciones políticas.
El riesgo es que las rotaciones sean interpretadas como una operación cosmética para tapar problemas acumulados.
Y ahí está la diferencia entre un cambio de Gobierno y un Gobierno que cambia.
El primero mueve personas.
El segundo cambia resultados.
Por eso, los próximos decretos serán importantes, pero lo será todavía más lo que ocurra el 24 de agosto, cuando las escuelas abran sus puertas.
Ese día comenzará la verdadera auditoría política.
No la harán los ministros.
No la harán los estrategas de comunicación.
No la harán los funcionarios.
La harán los padres, los profesores, los estudiantes y los empleados administrativos.
Y serán ellos quienes dirán si el Gobierno llegó preparado o si, otra vez, la improvisación llegó primero que los estudiantes.
Porque a estas alturas del mandato, Abinader ya no necesita demostrar que sabe cambiar funcionarios.
Necesita demostrar que sabe hacer que el Estado funcione.
Y esa, precisamente, es la prueba de fuego.
El reloj corre. Los decretos pueden esperar unas horas. Las aulas no.
