La comisión que estudia la Ley 01-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), llegó al consenso de presentar ante el Congreso Nacional la propuesta de modificación a cinco de los 39 artículos que componen ese texto legislativo.
Sin adelantar mayores detalles, la comisión informó que las principales modificaciones son para especificar que cada acción planteada en la ley, debe ser antecedida por una orden judicial.
“Se han hecho los ajustes de lugar, sobre todo en aquellas disposiciones que se insinuaba que su actuación debería de estar precedida de una autorización judicial, lo cual nosotros entendíamos que estaba dicho en términos generales, pero la comisión ha entendido que debe de decirlo de manera específica en cada uno de los artículos que refieren a esas acciones y nosotros así lo hemos aceptado”, expresó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien es el representante del Gobierno en la comisión.
El primer artículo del texto legislativo indica que la misma tiene por objeto “crear la DNI, como órgano centralizado del Estado, destinado a proteger la seguridad nacional y coordinar lo relativo al Sistema Nacional de Inteligencia”. Mientras que el dos indica que la aplicación de la ley es en todo el territorio nacional.
Al tiempo que el artículo 26 establece sanciones penales, como prisión menor de dos a tres años y multas desde nueve a quince salarios mínimos del sector público, contra quienes “oculten informaciones” requeridas por la DNI.
Según con las declaraciones del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, los cambios a estos artículos serán sometidos en “los próximos días” ante el Congreso Nacional, a lo que Maldonado agregó que le harán saber a los legisladores “lo importante” de que se mantengan los acuerdos arribados en la comisión.
