POR ALBERTO QUEZADA/ REPOTAJE ESPECIAL
Santo Domingo. — En el complejo escenario económico que enfrenta la República Dominicana en 2025, el gobierno del presidente Luis Abinader se ve obligado a lidiar con una serie de desafíos financieros que limitan la capacidad del Estado para impulsar un desarrollo sostenible.
Desde el elevado servicio de la deuda hasta los subsidios insostenibles y la baja presión tributaria, las cargas económicas que pesan sobre las finanzas públicas son múltiples y profundas.
Una deuda que asfixia las finanzas públicas
El endeudamiento del sector público dominicano ha superado los 70 mil millones de dólares, equivalentes a más del 60% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta situación obliga al gobierno a destinar entre una cuarta y una tercera parte del presupuesto nacional solo para cubrir el pago de intereses y amortización de capital.
“El costo de financiar déficits crónicos a través de la deuda se vuelve insostenible,” señalan expertos, quienes alertan sobre cómo esta realidad limita la inversión en sectores estratégicos y reduce la capacidad de respuesta ante emergencias.
Subsidios que drenan el presupuesto
Entre los subsidios más impactantes se encuentra el sector eléctrico, con un gasto anual que supera los 60 mil millones de pesos dominicanos. A esta cifra se suman los subsidios al gas licuado de petróleo (GLP), combustibles y programas sociales como Supérate y los Bonos Especiales, creados para mitigar la pérdida del poder adquisitivo de la población.
Sin embargo, estas ayudas representan una “sangría” para el presupuesto nacional, al tiempo que postergan la discusión urgente de una reforma fiscal estructural.
Creciente gasto corriente y clientelismo
El gasto en nómina pública sigue en aumento, reflejando un Estado sobredimensionado y marcado por duplicidad de funciones y puestos innecesarios, conocidos en el ámbito político como “botellas”.
A pesar de iniciativas para modernizar la administración pública, más del 20% del presupuesto se destina a salarios y beneficios, sacrificando inversiones claves para la transformación institucional.
Salud y pensiones bajo presión
La pandemia de COVID-19 expuso las fragilidades del sistema de salud dominicano, mientras que el envejecimiento poblacional aumenta los costos de atención crónica y pensiones.
El sistema de pensiones, basado en la capitalización individual, recibe críticas por su baja cobertura y rendimiento, lo que podría forzar una mayor intervención estatal para evitar una crisis social futura.
Educación: inversión alta, resultados limitados
Aunque la educación absorbe cerca del 4% del PIB, problemas de eficiencia persisten. Gran parte del presupuesto se destina a salarios docentes e infraestructura, mientras que los indicadores académicos se mantienen estancados. La necesidad de redirigir el gasto hacia la formación y la innovación educativa plantea un reto adicional para las finanzas públicas.
Impacto de la crisis haitiana y seguridad fronteriza
La crisis migratoria haitiana ha generado costos adicionales significativos para el Estado dominicano, entre los que se incluyen la construcción de una verja perimetral, mayor patrullaje fronterizo y atención social a la población irregular. Esta situación añade tensión a un presupuesto ya ajustado y desata debates sobre prioridades nacionales.
Vulnerabilidad ante el cambio climático
La exposición a huracanes, sequías e inundaciones obliga al país a destinar recursos imprevistos en emergencias, reconstrucción y mitigación de daños. La inversión necesaria en infraestructura hídrica y gestión ambiental exige miles de millones de pesos que el Estado no siempre puede garantizar.
Una presión tributaria insuficiente
Mientras crecen las demandas de gasto, la presión fiscal permanece baja —entre un 14% y un 15% del PIB— una de las más reducidas en América Latina. El sistema tributario, basado principalmente en impuestos indirectos, afecta desproporcionadamente a los sectores más vulnerables y genera ingresos limitados.
La esperada reforma fiscal estructural, considerada clave para romper el ciclo de deuda y déficit, ha sido postergada debido a temores políticos.
Conclusión
Las finanzas públicas dominicanas atraviesan un momento crítico, marcado por cargas económicas estructurales que demandan respuestas urgentes y profundas. El equilibrio entre la reducción de deuda, la eficiencia en el gasto y el aumento en la recaudación fiscal se plantea como el gran desafío para sostener el crecimiento económico y proteger los derechos sociales en el mediano y largo plazo.
Sin una voluntad política firme y un pacto fiscal progresivo, las limitaciones actuales podrían intensificarse, afectando el bienestar de millones de dominicanos.
