Por: Alberto Quezada / Analisis Noticioso
En la República Dominicana hay preguntas que no pueden seguir dando vueltas en los pasillos del poder sin que nadie ofrezca respuestas claras. Una de ellas es tan sencilla como contundente: si la Junta Central Electoral necesita recursos para cumplir sus obligaciones y esos recursos fueron contemplados en el presupuesto, ¿por qué tiene que salir a los medios de comunicación, pedir reuniones y tocar puertas para conseguir el dinero que necesita?
¿Desde cuándo una institución fundamental para la democracia tiene que rogar para que se atiendan sus necesidades financieras?
La situación obliga a mirar de frente al Gobierno central, al Ministerio de Hacienda y a todos los funcionarios que tienen responsabilidades en la programación y ejecución del gasto público. Porque una cosa es administrar responsablemente los recursos del Estado y otra muy distinta es mantener a una institución constitucional en la incertidumbre sobre su capacidad para cumplir sus compromisos.
¡El presupuesto no puede convertirse en una promesa de papel ni la autonomía institucional en una declaración bonita para los discursos!
¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO Y POR QUÉ NO LLEGA A TIEMPO?
Si los recursos fueron aprobados, el país merece conocer qué está ocurriendo. ¿El dinero es insuficiente? ¿Hay partidas pendientes de desembolso? ¿Existen restricciones de caja? ¿Se han presentado diferencias entre lo presupuestado y las necesidades reales de la Junta?
Esas son las preguntas que deben responder las autoridades con cifras, documentos y fechas concretas.
Lo que no resulta razonable es que las necesidades financieras de una institución de esta naturaleza terminen convirtiéndose en un episodio recurrente de declaraciones públicas, reuniones y reclamos para conseguir atención gubernamental.
La ciudadanía no necesita más discursos tranquilizadores. Necesita saber cuánto dinero se solicitó, cuánto se aprobó, cuánto se ha entregado y cuánto falta por entregar.
Porque cuando no hay explicaciones oportunas, crece la desconfianza. Y cuando se trata del órgano responsable de organizar las elecciones, esa desconfianza merece atención inmediata.
MAGÍN DÍAZ Y EL GOBIERNO: MENOS REUNIONES, MÁS SOLUCIONES
El ministro de Hacienda, Magín Díaz, y las autoridades del Poder Ejecutivo tienen una responsabilidad que va más allá de sentarse alrededor de una mesa para revisar números.
Si existen recursos pendientes, deben explicar por qué no han sido desembolsados y cuándo estarán disponibles. Si el presupuesto aprobado no cubre las necesidades reales de la JCE, corresponde identificar las diferencias y determinar qué mecanismos legales y financieros pueden utilizarse para resolverlas.
Una reunión puede ser necesaria. Lo que no puede ocurrir es que la reunión se convierta en la solución misma, mientras las obligaciones institucionales siguen esperando.
¡La democracia no se administra con promesas, se sostiene con instituciones que puedan cumplir sus funciones!
El Gobierno tiene la obligación de explicar sus prioridades presupuestarias. La JCE, por su parte, debe presentar sus necesidades con transparencia y justificar técnicamente cada solicitud. Ambas responsabilidades son compatibles y necesarias.
Pero el país no puede quedarse atrapado en un intercambio de declaraciones mientras las preguntas fundamentales siguen sin respuesta.
¿QUIÉN ASUME LA RESPONSABILIDAD SI LOS RECURSOS NO LLEGAN?
Aquí es donde el asunto deja de ser un simple debate administrativo.
La Junta Central Electoral no es una oficina cualquiera. Su trabajo está vinculado a derechos ciudadanos, al registro civil, a la identidad de las personas y a la organización de los procesos electorales.
Por eso, cualquier dificultad financiera que pueda comprometer sus operaciones debe atenderse antes de que produzca consecuencias mayores.
¿Quién respondería si la falta de recursos obligara a retrasar proyectos importantes? ¿Quién explicaría al país las consecuencias de una financiación insuficiente? ¿Quién asumiría la responsabilidad política y administrativa si una necesidad conocida termina convirtiéndose en una emergencia?
No se trata de afirmar que esos escenarios necesariamente ocurrirán. Se trata de exigir que las autoridades actúen con previsión para evitarlos.
La gestión pública responsable consiste precisamente en anticiparse a los problemas, no esperar a que estallen para convocar reuniones.
¡CUIDADO CON DEBILITAR LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES!
Hablar de un posible daño a la institucionalidad democrática exige prudencia. No basta con que exista una dificultad presupuestaria para concluir que hay una estrategia deliberada contra la democracia.
Pero tampoco sería sensato minimizar los riesgos que puede generar la incertidumbre financiera alrededor de una institución electoral.
La confianza democrática depende de reglas claras, independencia institucional, transparencia y capacidad operativa. Si la JCE enfrenta obstáculos para obtener los recursos que necesita, las autoridades deben demostrar que esos obstáculos responden a razones administrativas o financieras verificables y que están siendo corregidos.
La pregunta no es solamente si existe dinero en el presupuesto. La pregunta es si el sistema garantiza que los recursos necesarios lleguen de manera oportuna, conforme a la ley y sin interferencias indebidas.
La independencia de una institución no debe quedarse en el papel: también necesita condiciones materiales para ejercerse.
EL PAÍS MERECE RESPUESTAS, NO SILENCIO
Llegó la hora de que el Gobierno central, el Ministerio de Hacienda y la Junta Central Electoral pongan las cifras sobre la mesa.
Que se informe cuánto se solicitó, cuánto se aprobó, cuánto se ha desembolsado, qué compromisos están pendientes y cuál es el calendario para resolver cualquier déficit.
Si todo está en orden, que se demuestre. Si existe un retraso, que se explique. Si faltan recursos, que se identifique el monto y se presente una solución viable.
Lo que no debe ocurrir es que una institución fundamental para el funcionamiento democrático tenga que depender de la presión mediática para obtener respuestas sobre sus necesidades financieras.
La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se administran los recursos públicos y qué medidas se adoptan para garantizar la continuidad de las funciones esenciales del Estado.
REFLEXIÓN FINAL: LA DEMOCRACIA NO PUEDE VIVIR DE RODILLAS ANTE LA BUROCRACIA
La Junta Central Electoral debe rendir cuentas, justificar sus necesidades y administrar responsablemente cada peso que recibe. Pero el Gobierno también debe cumplir sus responsabilidades presupuestarias y ofrecer explicaciones transparentes cuando los recursos no llegan en el momento requerido.
Ninguna institución está por encima de la ley. Ninguna autoridad está exenta de rendir cuentas. Y ningún compromiso presupuestario debería quedar rodeado de incertidumbre sin una explicación pública.
Por eso, la pregunta final es inevitable:
¿POR QUÉ LA JCE TIENE QUE RECLAMAR PÚBLICAMENTE LOS RECURSOS QUE NECESITA PARA CUMPLIR SUS FUNCIONES, Y QUIÉN DEBE RESPONDER POR CUALQUIER RETRASO?
El Gobierno tiene la palabra. Hacienda tiene la palabra. Y la JCE también debe presentar al país sus cifras y necesidades con absoluta claridad.
La democracia dominicana merece algo mejor que una cadena de reclamos, reuniones y promesas. Merece instituciones sólidas, recursos oportunos y funcionarios dispuestos a explicar sus decisiones.
Porque cuando se trata de la institucionalidad democrática, la transparencia no es un favor que concede el poder: es una obligación frente al país.
