La entidad estima que más de 150 kilómetros cuadrados de superficie forestal han sido afectados o alcanzados por incendios esta temporada y advierte sobre un nuevo fuego en la Sierra de Bahoruco, próximo al Hoyo de Pelempito.
Santo Domingo.— El Observatorio de Áreas Protegidas advirtió que la frecuencia, extensión y recurrencia de los incendios forestales configuran una emergencia ambiental que exige una respuesta nacional inmediata.
La entidad reclamó reforzar las acciones de prevención, proteger las zonas amenazadas e investigar las responsabilidades detrás de los incendios que afectan algunos de los ecosistemas más frágiles e irremplazables del país.
La alerta coincide con un nuevo incendio registrado en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, en las proximidades del Hoyo de Pelempito. El fuego afecta una zona de bosque denso de pino criollo, dentro de la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, y aumenta la presión sobre un territorio afectado de manera recurrente durante esta temporada.
Según las estimaciones citadas por el Observatorio, entre el 20 de junio y los primeros días de julio, dos grandes incendios afectaron más de 100 kilómetros cuadrados en la Sierra de Bahoruco. En Valle Nuevo, la entidad reportó afectaciones previas superiores a 50 kilómetros cuadrados, además de más de 30 kilómetros cuadrados afectados en al menos tres incendios registrados durante las últimas semanas. Jaragua y La Humeadora también figuran entre las áreas protegidas afectadas.
El Observatorio subrayó que la delimitación técnica de cada incendio debe permitir determinar con precisión la superficie efectivamente quemada y distinguir los terrenos afectados en más de una ocasión, con el propósito de evitar duplicidades y establecer la magnitud real del daño.
La entidad señaló que, de acuerdo con los reportes disponibles, predominan los incendios de origen humano, ya sean deliberados o derivados de negligencia. En ese contexto, reclamó investigar posibles vínculos con actividades agrícolas, ganaderas y de cacería ilegales dentro de las áreas protegidas, así como con operaciones de redes de tráfico ilícito de personas que utilizan zonas montañosas.
Las causas y responsabilidades de cada incendio, sin embargo, deben establecerse mediante investigaciones rigurosas y pruebas que permitan determinar los hechos y sus responsables.
“Estamos ante una temporada despiadada contra nuestros bosques. Aunque el fuego forma parte de la dinámica natural de algunos ecosistemas, su repetición e intensidad están comprometiendo los procesos de regeneración. Se destruyen hábitats, se amenazan especies endémicas y se degradan los suelos y las fuentes de agua de las que dependen comunidades enteras”, expresó la entidad.
La recurrencia de incendios en zonas que todavía se encuentran en proceso de recuperación puede interrumpir la regeneración del bosque. Cuando las llamas regresan antes de que los pinos jóvenes alcancen la madurez reproductiva, disminuyen las posibilidades de reemplazar los árboles perdidos. Esto favorece la erosión y la pérdida de cobertura forestal y puede conducir a una transformación duradera del ecosistema.
El Observatorio reconoció la labor de los bomberos forestales, guardaparques, brigadistas, comunitarios y organismos de apoyo que trabajan en condiciones extremadamente difíciles para contener los incendios. Subrayó, sin embargo, que su sacrificio no puede continuar sustituyendo la prevención, la vigilancia efectiva y la aplicación de la ley.
La protección de quienes enfrentan directamente el fuego requiere equipos adecuados, coordinación operativa y recursos suficientes.
Medidas urgentes
Ante esta situación, el Observatorio de Áreas Protegidas reclamó la adopción de las siguientes medidas:
1. Investigar los incendios y perseguir a sus responsables.
Determinar el origen de cada fuego y someter a la justicia, cuando existan pruebas suficientes, tanto a quienes lo ejecuten como a quienes lo ordenen o financien. El Decreto 615-26 refuerza la prioridad de prevenir e investigar las agresiones al patrimonio ambiental. Su aplicación debe acompañarse del cumplimiento riguroso de la legislación vigente y del debido proceso.
2. Reforzar la vigilancia y la respuesta temprana.
Integrar el monitoreo satelital, el patrullaje terrestre y la coordinación comunitaria en las áreas de mayor recurrencia, con personal, equipos y recursos suficientes para detectar y controlar los incendios antes de que se propaguen.
3. Evaluar los daños y orientar científicamente la recuperación.
Delimitar las superficies efectivamente quemadas, evaluar la afectación de los suelos, el agua y la biodiversidad y establecer programas de seguimiento de largo plazo, con atención especial a los bosques que han sufrido incendios recurrentes.
4. Controlar el uso del fuego y las actividades ilegales.
Reforzar los controles sobre las quemas agrícolas y ganaderas durante los períodos críticos, acompañándolos de educación, asistencia técnica y sanciones efectivas. Dentro de las áreas protegidas, hacer cumplir las restricciones correspondientes y detener las ocupaciones y prácticas incompatibles con su conservación.
Los incendios forestales no pueden seguir tratándose como sucesos aislados. Su frecuencia, extensión y recurrencia exigen una política sostenida de prevención y protección, con responsabilidades institucionales claras y resultados verificables.
Cada kilómetro cuadrado de bosque perdido o degradado compromete la regulación del agua, reduce la biodiversidad y debilita la capacidad del territorio para enfrentar los extremos climáticos. El daño permanece mucho después de apagarse las llamas.
Proteger las áreas protegidas constituye una obligación legal, ecológica y moral del Estado y de toda la sociedad dominicana. La respuesta debe medirse en bosques preservados, comunidades protegidas y responsables sometidos a la justicia.
