POR ALBERTO QUEZADA
Cuando dos poderes se miran de frente y ninguno cede, quien siempre termina pagando el precio es el ciudadano.
Eso es lo que está ocurriendo hoy entre la Junta Central Electoral (JCE) y dos medios de comunicación, a propósito de la publicación de encuestas.
La JCE, en uso de sus atribuciones, emitió una resolución para limitar la difusión de sondeos. Argumenta razones de orden, equidad y la necesidad de evitar que encuestas de dudosa calidad contaminen el proceso electoral.
Es su deber preservar la institucionalidad. Sin una Junta creíble no hay elecciones confiables, y sin elecciones confiables no hay democracia.
Del otro lado están Diario Libre, con su director, Aníbal de Castro, y ACD-Media, con Dany Alcántara al frente. Su respuesta ha sido publicar.
Sostienen que la Constitución no prohíbe las encuestas y que la JCE estaría extralimitándose en sus atribuciones. También tienen un deber que cumplir: informar. Sin prensa libre no hay contrapeso y, sin contrapeso, la democracia se debilita.
El problema, entonces, no está necesariamente en el fondo. Cada parte tiene razones legítimas para defender lo que considera su responsabilidad. El problema está en la forma y en el momento. Estamos convirtiendo un debate técnico e institucional en un pleito de fuerza, y en medio de ese enfrentamiento estamos olvidando a quién debemos proteger: a la gente.
A la Junta le digo: la autoridad no se impone únicamente con resoluciones; también se construye mediante el diálogo. Si el problema son las encuestas “hechizas”, la salida no debería ser simplemente prohibir, sino regular con transparencia. Exijan ficha técnica, identifiquen a quienes financian los estudios, auditen a las firmas encuestadoras y hagan pública la metodología. Conviertan el problema en una oportunidad para elevar la calidad y la credibilidad de las encuestas en el país.
A los medios les digo: la libertad de prensa no es un cheque en blanco. Publiquen, claro que sí, pero publiquen completo. Que el ciudadano sepa quién pagó la encuesta, cuándo se realizó, a cuántas personas consultó, cuál fue la metodología utilizada y cuál es su margen de error. Informar también significa educar al ciudadano para que pueda distinguir entre información seria y humo.
República Dominicana no está para más divisiones. Necesitamos una JCE fuerte y una prensa libre, pero no una contra la otra. Las necesitamos a ambas al servicio de un mismo objetivo: que el voto del dominicano tenga valor y que su derecho a estar informado sea respetado.
Si seguimos por este camino, corremos el riesgo de terminar eligiendo entre una democracia sin información y una información sin reglas. Y ambas opciones nos conducen al mismo lugar: un país más frágil.
Que reine la prudencia. Que gane la cordura.
Porque, al final, ni la Junta ni los medios se deben a sí mismos. Se deben al pueblo. Y al pueblo no se le protege callándolo, pero tampoco engañándolo.
El autor es periodista y magíster en Derecho y Relaciones Internacionales. Reside en Santo Domingo.
Quezada.alberto218@gmail.com
