El abogado Luis Yépez Suncar demandó de las autoridades de la Distribuidora de Energía del Este (EDEESTE) iniciar una investigación sobre la presunta existencia de una mafia de brigadas perteneciente a esa empresa.
Dijo que tuvo una mala experiencia con una brigada de la referida empresa, “que de ser una práctica generaliza amerita una urgente investigación para, con los resultados en las manos, establecer los correctos de lugar”.
El profesional sostuvo que a eso se une el hecho de que el servicio eléctrico en la República Dominicana ha experimentado un preocupante retroceso, evidenciado por el resurgimiento de los apagones y el incremento injustificado de la facturación.
Al exponer sus consideraciones en su video semanal “Mi pensamiento en dos minutos”, Yépez Suncar refirió que, tras la entrada en funcionamiento de la central termoeléctrica Punta Catalina, “la cual fue irresponsablemente cuestionada y satanizada en su etapa de construcción, por dirigentes políticos de la oposición al gobierno del entonces presidente Danilo Medina, las interrupciones del servicio eléctrico se redujeron significativamente”.
Sostuvo, sin embargo, que la realidad actual es completamente distinta, ya que las redes sociales y los medios de comunicación reflejan diariamente las quejas de ciudadanos afectados por constantes interrupciones del servicio y por aumentos desproporcionados en sus facturas de electricidad, las cuales, según denunció, en muchos casos llegan a triplicar o quintuplicar su monto, aun cuando el consumo de energía de los usuarios permanece prácticamente invariable.
El jurista expresó que esta situación resulta aún más grave cuando se agregan denuncias sobre actuaciones irregulares de brigadas técnicas de las empresas distribuidoras.
En ese sentido, Yépez Suncar relató su experiencia personal ocurrida con EDEESTE, donde, según explicó, permaneció durante una semana y media sin energía eléctrica en su oficina debido a que personal técnico habría desconectado deliberadamente el cable que enlaza el medidor con las líneas de alimentación del inmueble.
Según manifestó, posteriormente le fue dejado un número telefónico privado para que contactara a quienes habían intervenido la instalación, con la finalidad de que fueran ellos mismos quienes resolvieran el problema que, presuntamente, habían provocado, solicitándole dinero a cambio de restablecer el servicio.
Yépez Suncar calificó esos hechos como inaceptables y exhortó a EDEESTE a realizar una investigación exhaustiva que permita determinar responsabilidades y sancionar a cualquier empleado o contratista que incurra en prácticas de corrupción o sabotaje en perjuicio de los usuarios.
Indicó que no basta con enfrentar los prolongados apagones y el creciente costo de la energía eléctrica, sino que también es indispensable erradicar cualquier estructura irregular que utilice el servicio público como mecanismo para obtener beneficios económicos ilícitos, al tiempo que llamó a las autoridades del sector eléctrico a ofrecer respuestas oportunas y soluciones efectivas que restablezcan la confianza de la ciudadanía.
