POR ALBERTO QUEZADA/ ANALISIS NOTICIOSO
La decisión de las encuestadoras ACD Media y CID Latinoamèrica de publicar estudios de opinión en un contexto en el que la Junta Central Electoral había llamado a detener la difusión de encuestas político-electorales introduce un debate que trasciende los resultados de los sondeos y se sitúa en el terreno de la institucionalidad democrática.
El aspecto más relevante del caso no es qué candidato aparece mejor posicionado ni qué liderazgo resulta favorecido. Lo significativo es que dos firmas decidieron no acogerse al criterio expresado por el órgano responsable de arbitrar y organizar los procesos electorales.
Cuando una autoridad electoral emite directrices orientadas a regular el ambiente preelectoral, el cumplimiento voluntario por parte de los actores involucrados constituye una señal de respeto institucional. Cuando ocurre lo contrario, se abre una discusión sobre los límites de la autoridad reguladora y sobre la disposición de distintos sectores a someterse a las reglas comunes.
El desafío institucional
La publicación de estudios por parte de ACD Media y CID Latinoamèrica puede interpretarse como un desafío práctico a la capacidad de la JCE para ordenar el proceso político antes de la apertura formal de la campaña electoral.
La interrogante central es sencilla: si un llamado o disposición de la JCE puede ser ignorado sin consecuencias, ¿qué mensaje reciben los partidos, los precandidatos y los demás actores políticos?
Desde una perspectiva institucional, el riesgo es que se consolide la percepción de que algunas normas son opcionales y que su cumplimiento depende de la conveniencia de quienes están sujetos a ellas.
Las encuestas tienen una capacidad real para influir en el clima político. No solo miden tendencias; también contribuyen a crearlas.
Cuando una firma publica resultados que muestran el crecimiento de un aspirante, se fortalece la narrativa de que ese dirigente tiene posibilidades reales de éxito. Eso puede atraer apoyos internos, generar cobertura mediática y modificar decisiones dentro de los partidos.
Por ello, la discusión no gira únicamente en torno a la libertad de publicar datos, sino al impacto que esos datos tienen sobre una competencia política que aún no ha entrado oficialmente en su fase electoral.
La respuesta que se espera de la JCE
Toda institución se mide por su capacidad para hacer cumplir sus decisiones.
Si la JCE considera que las publicaciones de ACD Media y CID Dominicana contradicen el espíritu o la letra de sus disposiciones, deberá determinar si existen mecanismos legales para actuar. Si entiende que no los hay, tendrá que aclarar públicamente el alcance real de sus facultades para evitar interpretaciones contradictorias.
Lo que puede resultar más perjudicial para la institución no es necesariamente la publicación de las encuestas, sino la incertidumbre sobre la eficacia de sus decisiones.
Un precedente para el proceso de 2028
El episodio adquiere mayor relevancia porque ocurre en una etapa temprana del ciclo político dominicano. Lo que suceda ahora puede convertirse en referencia para futuras actuaciones de partidos, precandidatos, consultores y encuestadoras.
Si el precedente que queda es que los llamados de la JCE pueden ser ignorados sin efectos visibles, otros actores podrían sentirse incentivados a actuar de manera similar en asuntos más sensibles relacionados con propaganda, financiamiento o actividades proselitistas.
El caso de ACD Media y CID Dominicana no debe analizarse exclusivamente desde la óptica de los números que publicaron. El verdadero debate es institucional. Lo que está en juego es la autoridad de la Junta Central Electoral, la fuerza de las reglas que buscan ordenar el proceso político y el respeto que los distintos actores están dispuestos a otorgar al árbitro electoral.
En toda democracia, la legitimidad de las elecciones depende no solo de los votos emitidos el día de los comicios, sino también del respeto previo a las normas que garantizan igualdad de condiciones para todos los competidores. El desafío planteado por estas publicaciones coloca precisamente ese principio bajo escrutinio.
