La nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, que fortalece los controles para prevenir y sancionar la corrupción en las compras del Estado, entra en vigor este miércoles, tras agotarse el plazo de 180 días establecido luego de su promulgación por el presidente Luis Abinader, el 28 de julio del año pasado.
En ese contexto, el mandatario encabezará hoy el acto de firma del decreto que aprueba el Reglamento de Aplicación General, el cual traduce los principios de la ley en acciones concretas y define con claridad los estándares, plazos y responsabilidades para la ejecución efectiva del nuevo marco normativo por parte de los actores que integran el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.
De acuerdo con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), a partir de la entrada en vigor de la normativa se inicia un proceso de implementación gradual, que incluye una etapa de capacitación y acompañamiento del órgano rector a las unidades de compras de las instituciones sujetas al ámbito de aplicación, con el objetivo de garantizar el cumplimiento integral de la ley.
“El despliegue gradual asegura que cada etapa cuente con el respaldo reglamentario necesario, brindando certeza y pasos claros para todos los actores del sistema”, afirmó el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
La Ley 47-25, que también impulsa la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), fortalece el régimen de consecuencias para prevenir y castigar prácticas corruptas en los procesos de contratación pública.
Asimismo, introduce nuevas modalidades de contratación, establece el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) e incorpora criterios medioambientales y de sostenibilidad en los procesos de compras del Estado, entre otras innovaciones.
