La iniciativa presenta lineamientos preliminares para la modernización del marco legal del sector
Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) extendió hasta el miércoles 4 de marzo de 2026 el plazo para la recepción de comentarios, observaciones y aportes de la ciudadanía sobre la propuesta de reforma de la Ley General de Telecomunicaciones núm. 153-98, la cual servirá de base para la actualización del marco legal que rige el sector de las telecomunicaciones en la República Dominicana.
Mediante una comunicación publicada en su portal web y difundida a través de medios de circulación nacional, el órgano regulador invita a los actores del ecosistema de las telecomunicaciones, así como a la ciudadanía en general, a revisar el cuadro de lineamientos elaborado por Indotel. Este documento resume los criterios y orientaciones fundamentales de la propuesta de reforma y tiene como objetivo recoger observaciones, comentarios y sugerencias que contribuyan a su fortalecimiento.
El período para el envío de aportes está abierto desde el martes 23 de diciembre de 2025 hasta el miércoles 4 de marzo de 2026. Las opiniones pueden remitirse al correo electrónico consultapublica@indotel.gob.do, habilitado exclusivamente para este proceso participativo.
Los interesados pueden acceder al cuadro sinóptico a través de los canales oficiales del Indotel, como parte de un ejercicio de transparencia y apertura institucional que busca integrar visiones técnicas, jurídicas y sociales sobre la transformación del sector.
La Ley General de Telecomunicaciones 153-98 ha sido el principal instrumento normativo que regula el desarrollo, la prestación de servicios y la competencia en el sector durante los últimos 27 años. No obstante, los avances tecnológicos, la convergencia digital y la aparición de nuevos modelos de negocio hacen necesaria su actualización para responder a las dinámicas actuales del mercado y a las demandas de los usuarios.
En ese sentido, Indotel impulsa este proceso de consulta pública como un paso previo a la formulación de una propuesta de reforma integral, alineada con las mejores prácticas internacionales, orientada a garantizar mayor eficiencia regulatoria, fomentar la innovación, proteger los derechos de los usuarios y fortalecer la institucionalidad del sector telecomunicaciones.
