Por: Jesús Peguero
Rosa Linda Pérez, madre de un adolescente de 13 años, hizo un desesperado llamado de auxilio a las autoridades, denunciando maltratos y amenazas de muerte por parte de su expareja en Azua. La mujer teme convertirse en otra víctima de feminicidio.
Entre lágrimas, Pérez narró los abusos que, según afirma, sufrió durante la relación. Asegura que el estrés y la violencia física y psicológica fueron tan severos que deterioraron su salud, llegando a ser diagnosticada con un tumor en la cabeza.
Indicó que su expareja, Néstor Antonio Ramírez, incumple el acuerdo judicial de manutención de su hijo y que, además, utiliza las amenazas como mecanismo de presión para evadir sus responsabilidades.
Esta situación, explicó, no solo la coloca en una posición económica frágil, sino que incrementa su miedo por la constante sensación de inseguridad y persecución.
Las autoridades ya fueron notificadas del caso, y se espera que se adopten medidas cautelares para proteger a la denunciante mientras avanzan las investigaciones sobre las acusaciones contra Ramírez.
Este hecho vuelve a poner en evidencia la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para mujeres víctimas de violencia de género y garantizar el cumplimiento estricto de las medidas de alejamiento y obligaciones legales por parte de los agresores.
