POR ALBERTO QUEZADA/ ANALISIS NOTICIOSO
El reloj político y judicial avanza entre presiones, auditorías y silencio procesal**
A un mes de cerrar el año, el caso SENASA sigue siendo una de las investigaciones más sensibles para el Gobierno. Mientras crece la presión pública por respuestas concretas, las autoridades mantienen un hermético proceso de auditorías internas y levantamiento de pruebas que podría desembocar —o no— en acciones judiciales antes de diciembre.
Aunque el Ministerio Público no ha producido imputaciones formales, la magnitud de las irregularidades reveladas ha colocado el expediente en la primera línea de atención nacional. La investigación incluye facturaciones cuestionadas, autorizaciones irregulares de procedimientos médicos, un supuesto “call center paralelo” y compras bajo sospecha de sobrecostos. Diversas fuentes oficiales estiman que el perjuicio económico podría superar los RD$700 millones.
El presidente Luis Abinader, consciente del impacto político del caso, ha reiterado en múltiples ocasiones que garantiza “total libertad” al Ministerio Público. Incluso ha marcado distancia de cualquier señal de encubrimiento con su frase: “puedo tener amigos, pero no cómplices”. Sus declaraciones buscan enviar un mensaje claro: el Gobierno no frenará la investigación, aunque esté vinculada a una de sus instituciones estrella.
En paralelo, la Cámara de Cuentas, SISALRIL y la Oficina Antifraude realizan auditorías simultáneas que podrían definir el rumbo del expediente. Sin esos informes, el Ministerio Público tiene poco margen para presentar acusaciones robustas antes del cierre del año.
Sin embargo, el calendario político agrega presión: con un gobierno que ha apostado al discurso de transparencia, llegar a diciembre sin movimientos judiciales significativos podría convertirse en un flanco crítico para la administración.
Fuentes consultadas señalan que sí podrían producirse acciones antes de diciembre, pero advierten que apresurar una imputación sin la evidencia completa sería un riesgo procesal. La balanza, por tanto, se mueve entre la necesidad de resultados visibles y la prudencia institucional.
Por ahora, el país espera.
La pregunta no es solo si habrá acciones judiciales, sino cuándo y contra quiénes.
Y diciembre, cada día más cerca, ya actúa como un ultimátum silencioso.
