Santo Domingo, R.D.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio a 20 Registros de Proveedores del Estado (RPE) pertenecientes a empresas y consorcios presuntamente vinculados a una estructura que habría manipulado procesos de contrataciones públicas mediante prácticas fraudulentas.
La decisión, contenida en la resolución DGCP44-2025-004600, afecta a las siguientes razones sociales:
Comerdon SRL; Inversiones Qtek SRL; Condelca SRL; Tingley Business SRL; Mediterráneo Investments Group SRL; Kury Limited; Importadora Coav SRL; Empresas Integradas SAS; Flexiplas SRL; Inversiones Nogal Verde SRL; Agro Avícola Benevento SRL; Grupo Empresarial Barnichta SRL; Inversiones Yang SRL; Topicverse SRL; Roment SRL, así como distintos consorcios asociados.
La institución explicó que la medida responde a una investigación administrativa interna y al proceso penal que desarrolla el Ministerio Público, debido a presuntos delitos como estafa contra el Estado, soborno, colusión, lavado de activos, falsificación de documentos y asociación de malhechores, entre otros.
La DGCP aclaró que no se trata de una sanción, sino de una medida cautelar destinada a proteger el interés público y preservar la competencia dentro del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP) mientras avanza la investigación penal.
El órgano rector advirtió que mantener activos a estos proveedores representaría un “riesgo grave e inminente” para la integridad del sistema, pues existirían indicios razonables de participación organizada en actos de colusión y manipulación de contrataciones.
También indicó que, conforme avancen las investigaciones, más personas físicas o jurídicas podrían ser inhabilitadas.
Antecedentes
A finales de octubre, la DGCP remitió a la Procuraduría General un informe técnico, elaborado junto a la Unidad Antifraude de la Contraloría General, que documenta una estructura que habría manipulado procesos de compras estatales y utilizado amenazas, chantajes y extorsión contra otros oferentes.
El informe detalla patrones de participación conjunta, rotación de adjudicatarios y concentración de contratos en sectores específicos, además de testimonios de proveedores que denunciaron presiones para abandonar adjudicaciones legítimas.
