La Cámara de Cuentas (CCRD) reveló que el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) realizó pagos irregulares de nómina y contrataciones con empresas vinculadas a funcionarios públicos en ejercicio, durante el período 2017–2019, en violación a las leyes de Compras y Contrataciones Públicas y de Función Pública.
El informe, que forma parte de un dictamen adverso emitido por el órgano fiscalizador, señala que estas prácticas comprometieron la transparencia en el uso de los fondos públicos y podrían generar responsabilidades administrativas y civiles.
Doble nómina por más de RD$10 millones
Según la auditoría, SeNaSa pagó más de RD$10 millones a empleados que también figuraban en nóminas de otras instituciones del Estado, sin autorización del Ministerio de Administración Pública (MAP), lo que contraviene la Ley 41-08 de Función Pública.
Los auditores comprobaron que varios servidores cobraban sueldos simultáneamente en distintas entidades sin evidencia de desvinculación ni compatibilidad de funciones. Además, criticaron que los registros de nómina del SeNaSa no fueron depurados ni conciliados, lo que impidió detectar duplicidades y pagos indebidos.
Contratos con empresas de funcionarios activos
El informe también documenta contrataciones con empresas vinculadas a funcionarios en ejercicio, por un monto que supera los RD$3.5 millones.
Entre los casos señalados figuran:
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Helicópteros Dominicanos, S. A., propiedad de Gonzalo Castillo Terrero, exministro de Obras Públicas. Se firmaron contratos por RD$3,041,816 en 2017 y 2019, pese a que la empresa estaba inhabilitada desde 2014 por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
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R. P. Fernández Núñez Inmobiliaria, vinculada al entonces viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Gabriel García, recibió RD$135,600 en marzo de 2019 por promoción televisiva.
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JL Consultores SRL, relacionada con el diputado José Laluz Núñez, obtuvo un contrato por RD$420,000 en 2017 para publicidad en el programa “Tele Noche con José Laluz”.
Posibles sanciones
La Cámara de Cuentas recordó que la Ley 340-06 prohíbe a funcionarios o empresas donde estos tengan participación contratar con el Estado.
El informe advierte que las irregularidades detectadas constituyen violaciones graves y podrían acarrear sanciones administrativas o penales, conforme a la Ley 10-04 y otras disposiciones legales vigentes.
