Santo Domingo.– El Movimiento Periodístico Convergencia condenó enérgicamente las gestiones del Movimiento Marcelino Vega al frente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y exigió a los nuevos directivos conformar una comisión especial que analice la crisis institucional que atraviesa el gremio, tras la ocupación parcial de su sede.
A través de un documento público, Convergencia responsabilizó a los marcelinistas, por acción u omisión, del deterioro de la imagen del CDP y reclamó que los responsables sean sometidos al Tribunal Disciplinario.
El movimiento resaltó la necesidad de una investigación exhaustiva y transparente que esclarezca los hechos, al tiempo que reiteró su disposición de colaborar en la búsqueda de soluciones que fortalezcan la institucionalidad del gremio.
“Este conflicto refleja los graves problemas de gestión, marcados por la falta de ética, transparencia y previsión, lo que ha llevado al CDP a perder espacios, enfrentar litigios prolongados y sufrir un serio daño en su credibilidad”, señala el documento.
Convergencia criticó que las gestiones del Movimiento Marcelino Vega han debilitado la operatividad del CDP, por lo que plantea la conformación de una comisión especial en la que participe, para abordar la ocupación de parte del edificio del Colegio por parte de la Escuela Turística del Caribe, tras ganar un proceso judicial.
Antecedentes del conflicto
El caso se originó en un contrato firmado el 10 de septiembre de 2013 entre el CDP y la Escuela Turística del Caribe, que incluía el alquiler de varias áreas del edificio por RD$100,000 mensuales. Aunque se estableció un depósito de RD$200,000, solo existe constancia de RD$100,000.
Posteriormente, ante supuestos atrasos en los pagos, el CDP rescindió el contrato de manera unilateral. Sin embargo, el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción determinó que solo los tribunales pueden decidir la rescisión de un contrato de alquiler, dejando sin efecto la acción del gremio y favoreciendo a la Escuela Turística del Caribe.
Convergencia asegura que este caso evidencia la necesidad de una gestión transparente y apegada a la ley para proteger los intereses del CDP y evitar mayores perjuicios.
