Por Alberto Quezada/ análisis noticioso
Lo que hasta hace poco era una pieza clave del andamiaje sanitario dominicano se ha convertido en una casa de cartas con cuentas en rojo y una sospecha que apesta a lo mismo de siempre: clientelismo, controles debilitados y negocios opacos. Las cifras oficiales no son un accidente técnico; son el rastro que dejan prácticas administrativas que, en el mejor de los casos, fueron negligentes y, en el peor, deliberadamente extractivas.
En 2024 SENASA cerró con pérdidas que no se pueden explicar solo por la inflación o por un aumento de afiliados: el déficit reportado supera los RD$2,077 millones en un año, y el régimen subsidiado acumula pérdidas por miles de millones más. Eso no es una mala racha contable: es la señal de un sistema de control colapsado.
Las piezas del rompecabezas —reportajes y denuncias televisivas, auditorías internas y el propio llamado del Ejecutivo a llevar el informe a la Procuraduría— apuntan a un patrón clásico: autorizaciones y pagos acelerados sin verificación, contratos y prestaciones infladas, y beneficiarios que a veces no existen. Un reportaje periodístico y pesquisas preliminares describen pagos realizados “por vía rápida” y procedimientos que figuran en registros sin que pacientes los recuerden. Eso describe fraude operativo, no solo mala gestión.
Peor aún: cuando los mecanismos de control desaparecen, entran en escena las redes. Voces públicas —exfuncionarias, organizaciones de vigilancia y legisladores— denuncian que la erosión de controles empezó con decisiones administrativas que vaciaron la institucionalidad técnica y abrieron puertas para contratos y autorizaciones sin trazabilidad. No es una teoría conspirativa; es la explicación más sencilla de por qué un flujo de recursos tan grande termina diluyéndose sin resultados sanitarios comprobables.
El Gobierno, presionado por la evidencia y por la opinión pública, ha ordenado auditorías y entregado hallazgos a la Procuraduría. Pero si estas investigaciones sirven solamente para colocar algunos nombres en titulares y no hay sanciones ejemplares ni reformas estructurales, estaremos ante el guion repetido: investigación, promesas y olvido. La ciudadanía no puede seguir pagando con su salud la factura del amiguismo y la improvisación.
AlMomento.net
¿Qué debe exigirse ahora? Transparencia absoluta en los contratos y pagos de los últimos cuatro años; auditorías forenses públicas y con plazos; acceso de la Cámara de Cuentas y de la sociedad civil a la trazabilidad de las prestaciones; sanciones penales para quien resulte responsable y reintegración de los recursos sustraídos; y, finalmente, una reconstrucción técnica del SENASA que devuelva a la institución controles automáticos, conciliación interinstitucional y protección a los afiliados. Sin eso, la “reforma” será otro titular efímero y la población seguirá pagando dos veces: con impuestos y con la pérdida de servicios.
Diario Libre
SENASA puede —y debe— dejar de ser un agujero negro. Pero eso exige voluntad política real, no cosmética. Y sobre todo, exige que quienes usaron la salud pública como botín enfrenten la ley. Si no hay justicia, el próximo escándalo será exactamente igual, solo con cifras mayores y más impunidad.
