Por: Alberto Quezada/ ANALISIS NOTICIOSO
Al cumplirse hoy tres meses del colapso del techo del centro de diversión Jet Set, con su trágico saldo de 236 muertos y cientos de heridos, los señalados hasta el momento como presuntos culpables por las autoridades han provocado un justificado torrente de indignación pública. Pero la reacción de las autoridades ha sido tan predecible como preocupante: toda la responsabilidad recae sobre una sola persona, Antonio Espaillat, mientras el Estado —responsable directo de fiscalizar y prevenir este tipo de desastres— guarda un silencio ensordecedor.
¿Es justo —y suficiente— señalar únicamente al propietario del local, sin preguntarnos cómo una estructura en evidente deterioro seguía operando con todos sus permisos en regla? ¿Ninguna institución sabía del estado del techo? ¿Cuándo fue la última inspección del Cuerpo de Bomberos? ¿Dónde están los informes técnicos que debieron emitir el Ayuntamiento del Distrito o el Ministerio de Obras Públicas?
Aclaro que no conozco personalmente al señor Espaillat ni me interesa defenderlo en lo individual. Mi reflexión parte de una inquietud más profunda: en este país, tenemos la pésima costumbre de buscar un chivo expiatorio, subirnos a la ola de la indignación mediática y evitar, sistemáticamente, llegar al fondo de los problemas.
El caso Jet Set no es solo una tragedia aislada. Es el síntoma de un sistema institucional que colapsa por omisión, por permisividad o por simple negligencia. En un país donde muchos negocios nocturnos operan sin controles estructurales serios, este desplome no fue una sorpresa. Fue una consecuencia.
En lugar de iniciar una investigación técnica y administrativa sobre cómo el local seguía operando bajo condiciones de riesgo, las autoridades eligieron el camino corto: identificar a un responsable visible, ponerle rostro al escándalo y calmar la presión mediática. Pero eso no es justicia. Es simulacro.
El Estado tiene una obligación irrenunciable: garantizar que los espacios públicos sean seguros. Si no inspecciona, si no exige mantenimientos, si entrega licencias sin verificar, entonces también es responsable. No con nombre y apellido, pero sí como estructura fallida.
El techo del Jet Set cayó. Y con él, se desplomó también parte de la credibilidad institucional. Que no se revisen las responsabilidades internas del aparato público es, en sí mismo, otra forma de impunidad.
Mientras toda la atención se concentra en un solo acusado, las preguntas verdaderamente urgentes siguen sin respuesta. Y si nadie las formula desde el poder, habrá más techos a punto de caer… y más vidas en peligro.
