| El descontrol de los precios de los alimentos, la indiferencia oficial y el deterioro de las condiciones de vida colocan al Gobierno frente a una realidad que ya no puede esconderse detrás de los discursos.
La escalada de los precios en supermercados y colmados se ha convertido en una de las expresiones más dolorosas de la crisis cotidiana que enfrentan miles de familias dominicanas. Lo preocupante no es únicamente cuánto cuesta llenar una canasta básica, sino la aparente incapacidad de las autoridades para contener una situación que amenaza con convertir la alimentación en un privilegio y no en un derecho fundamental.
No se trata de una denuncia construida desde la distancia. Es el resultado de recorrer establecimientos comerciales, comprobar precios, observar comportamientos y conversar con ciudadanos que cada día descubren que su dinero alcanza para menos y sus necesidades siguen siendo las mismas. La realidad encontrada es desgarradora: familias que reducen sus compras, sacrifican alimentos y hacen cálculos para sobrevivir hasta el próximo ingreso.
Frente a este escenario, la respuesta oficial parece atrapada en un círculo de declaraciones, reuniones, anuncios y promesas. Mucho discurso y poca reacción. Mucha explicación y escasos resultados. Los precios parecen avanzar a una velocidad que las instituciones responsables no consiguen igualar, mientras el consumidor queda abandonado a su suerte.
Señor presidente, hay una distancia peligrosa entre los informes que llegan a su despacho y la realidad que se respira en las calles. No permita que el triunfalismo de sus funcionarios, los intereses particulares, las componendas y las posibles complicidades económicas distorsionen el diagnóstico nacional. Gobernar también significa escuchar aquello que incomoda y actuar contra quienes se benefician del sufrimiento colectivo.
La tragedia, además, no termina en los establecimientos comerciales. Se prolonga en hospitales donde faltan camas, medicamentos y atención adecuada; en hogares donde no siempre se garantiza una segunda comida y en ciudadanos que han comenzado a perder hasta la esperanza de que su situación pueda mejorar.
El mayor peligro de esta realidad es creer que el cansancio social equivale a resignación. No necesariamente. Una población golpeada puede guardar silencio durante mucho tiempo, pero ese silencio no debe confundirse con conformidad.
No se reclama caos ni confrontación. Se reclama autoridad, fiscalización, transparencia y resultados. Se reclama que el Gobierno ejerza su responsabilidad frente a los abusos comerciales y proteja a quienes no tienen capacidad para defenderse de la especulación.
Porque cuando un Gobierno no consigue garantizar que su gente pueda comer dignamente, el problema deja de ser económico: se convierte en una cuestión moral, política y humana.