Productores denuncian falta de controles aduaneros, pérdidas millonarias y exclusión de los programas de pignoración. Reclaman medidas urgentes, planificación de la producción y transparencia en las importaciones.
LICEY AL MEDIO, República Dominicana, 22 de octubre de 2026.— Pequeños y medianos productores avícolas responsabilizaron al Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Aduanas (DGA), de la crisis que enfrenta el sector, debido a las importaciones de pollo congelado y a la falta de controles efectivos sobre las mercancías que ingresan al país y se almacenan en centros logísticos y hubs para su posterior comercialización en el mercado local.
Durante una rueda de prensa celebrada este jueves, a las 10:00 de la mañana, en las instalaciones de APPROAMOLI, en Licey al Medio, los productores denunciaron que el pollo congelado importado compite en condiciones desiguales con la producción nacional, mientras las autoridades no ofrecen información suficiente sobre los volúmenes importados, los permisos correspondientes y las condiciones en que estos productos ingresan y se comercializan.
Las cifras que preocupan al sector avícola
Los productores señalaron que las importaciones de carne de pollo aumentaron un 105 % entre 2021 y 2025, mientras que la producción nacional creció un 52.6 % durante ese período y apenas un 1.7 % en el último año.
Entre las cifras presentadas destacaron las siguientes:
- Importaciones: según los datos aportados por los productores, las importaciones de pollo entero registraron una variación de 245.8 % al comparar enero-septiembre de 2025 con enero-septiembre de 2026.
- Producción nacional: aumentó de 21.7 millones de unidades en 2025 a 23.4 millones en 2026.
- Oferta local: la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA) reportó una producción de 23 millones de pollos mensuales a septiembre de 2026, mientras que el informe de septiembre del Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE) proyectó una producción de 23,244,639 pollos para noviembre.
Los avicultores sostienen que la producción nacional cubre más del 92 % de la demanda del mercado y que el país dispone de capacidad instalada para exportar pollos y material genético avícola a otras naciones de la región.
Ante este escenario, cuestionaron la necesidad de mantener importaciones que, a su juicio, agravan la sobreoferta y ponen en riesgo la estabilidad de miles de productores.
“¿Hay alguna razón que no sea la de arruinar a los pequeños y medianos productores de pollo?”, preguntaron a las autoridades, al considerar que la situación evidencia una falta de planificación entre la producción nacional y las importaciones.
Una ley que permite el almacenamiento, pero exige controles
Los productores expresaron preocupación por la aplicación de la Ley 30-24 sobre Centros Logísticos, que permite almacenar mercancías extranjeras durante un período de hasta 12 meses, prorrogable excepcionalmente por seis meses adicionales, sin pagar derechos e impuestos mientras no sean destinadas a un régimen aduanero, conforme a los artículos 36, 40 y 41.
Indicaron que el artículo 37, párrafo III, contempla requisitos para las mercancías que necesitan condiciones especiales de conservación por razones relacionadas con la salud de las personas o los animales. Por ello, solicitaron investigar si las instalaciones utilizadas para almacenar pollo congelado cumplen con las condiciones y autorizaciones sanitarias correspondientes.
Advirtieron que este mecanismo podría permitir que el pollo importado permanezca almacenado y sea colocado en el mercado cuando resulte conveniente para el importador, mientras los productores nacionales deben asumir los costos de producción y las obligaciones sanitarias y fiscales aplicables a su actividad.
En ese sentido, reclamaron respuestas concretas de las autoridades sobre los siguientes puntos:
- Cuánto pollo congelado ingresa al país por los puertos y cuánto permanece almacenado en centros logísticos.
- Qué cantidades se incorporan mensualmente al mercado nacional.
- Cuál es el origen de esos productos y qué permisos sanitarios respaldan su importación, almacenamiento y comercialización.
Señalan responsabilidades de las autoridades
Los pequeños y medianos avicultores enumeraron una serie de actuaciones y omisiones que atribuyen a las instituciones responsables del sector.
Dirección General de Aduanas: solicitaron información sobre los avisos de llegada y los volúmenes de pollo congelado que ingresan por los puertos y se destinan a centros logísticos, así como sobre los mecanismos de control aplicados a estas mercancías.
Ministerio de Agricultura: cuestionaron la autorización de importaciones de pollo mientras, según sostienen, la producción nacional tiene capacidad para abastecer la demanda, incluido el consumo del sector turístico y la comercialización en los mercados binacionales con Haití.
Compras públicas: señalaron que organizaciones agropecuarias han denunciado desde 2025 que algunos programas sociales del Gobierno continúan adquiriendo pollo importado, pese a la existencia de resoluciones que, según indican, disponen priorizar la producción avícola nacional.
Falta de diálogo: denunciaron que desde 2024 las autoridades de Agricultura no atienden sus solicitudes de diálogo para abordar los problemas que afectan a los pequeños y medianos productores.
Prevención sanitaria: manifestaron preocupación por los riesgos asociados a la entrada de productos avícolas procedentes de países afectados por enfermedades animales. En ese contexto, hicieron referencia a las medidas que, según informaron, adoptaron México y China el 21 de octubre frente a productos avícolas y material genético procedentes de Brasil, tras reportes relacionados con la enfermedad de Newcastle.
Ante esta situación, solicitaron la suspensión inmediata de las importaciones de pollo congelado hasta que se evalúen los riesgos sanitarios y se garantice el cumplimiento de los controles correspondientes.
Productores venden por debajo del costo y acumulan pérdidas
Los avicultores afirmaron que los pequeños y medianos productores están absorbiendo las consecuencias económicas de la situación, en un contexto de incremento de los costos de producción.
Recordaron que la ADA advirtió en septiembre sobre el encarecimiento de insumos importados, como el maíz y la harina de soya, así como del transporte de mercancías.
De acuerdo con los productores, al 22 de octubre la libra de pollo vivo de sobrepeso se pagaba en la puerta de las granjas entre RD$30 y RD$31, mientras que producirla costaba entre RD$41 y RD$42.
Esto representa una pérdida aproximada de RD$10 a RD$12 por libra, que puede superar los RD$60 por ave, considerando que los pollos comercializados tienen un peso promedio superior a las seis libras.
Los productores también denunciaron que la caída del precio que reciben en las granjas no se refleja proporcionalmente en el precio final para los consumidores. Según indicaron, la libra de pollo continúa vendiéndose entre RD$80 y RD$100 en establecimientos comerciales, mesas de picadores y colmados.
Explicaron que venden los animales vivos directamente en la puerta de sus granjas y solicitaron a las instituciones competentes investigar la cadena de comercialización para determinar por qué la reducción del precio en origen no llega de manera efectiva al consumidor.
Sostuvieron que es necesario mejorar el poder adquisitivo de las familias dominicanas de forma sostenida y no únicamente durante períodos de sobreoferta.
Como muestra de la gravedad de la crisis, informaron que alrededor de 1.2 millones de aves permanecen en las granjas después de alcanzar la edad prevista para su salida al mercado. Estos animales, que continúan aumentando de peso sin encontrar compradores, generan costos adicionales y agravan las pérdidas diarias.
Aunque reconocieron el respaldo del Banco Agrícola, advirtieron que la prolongación de esta situación dificulta que numerosos productores puedan cumplir con sus compromisos crediticios.
Piden planificación y acceso equitativo a la pignoración
Los productores recordaron que el sector privado asumió el compromiso de mantener una producción superior a los 23 millones de pollos mensuales, de manera constante y coordinada con las autoridades, para garantizar el abastecimiento y evitar excedentes.
Sin embargo, afirmaron que las importaciones de pollo congelado sin una planificación adecuada están contribuyendo a la acumulación de aves en las granjas y agravando las dificultades para comercializar la producción nacional.
En consecuencia, reclamaron que el programa de pignoración de pollo incluya efectivamente a los pequeños y medianos productores.
Explicaron que las grandes empresas cuentan con infraestructura propia para participar directamente en estos mecanismos, mientras que las granjas de menor tamaño enfrentan mayores dificultades para acceder a ellos. Por ello, propusieron que las empresas beneficiarias se comprometan a comprar pollo vivo a productores pertenecientes a las distintas asociaciones y a productores independientes, a precios que permitan cubrir los costos de producción.
Recordaron que el 5 de mayo de 2026 el Ministerio de Agricultura anunció un programa para pignorar ocho millones de libras de pollo congelado hasta el 31 de agosto. Según explicaron, la iniciativa contemplaba que las plantas procesadoras de las principales empresas participantes adquirieran el 30 % del excedente de pollos vivos acumulados en las granjas de pequeños y medianos productores.
No obstante, aseguraron que el programa no llegó a ejecutarse, situación que, según denunciaron, contribuyó a la quiebra de decenas de productores.
Por esa razón, insistieron en que cualquier mecanismo de pignoración debe incorporar compromisos verificables de compra de pollo vivo a los pequeños y medianos avicultores, a precios que cubran sus costos de producción.
Proponen una mesa de trabajo permanente
Como parte de sus demandas, solicitaron la instalación, en el menor tiempo posible, de una mesa de trabajo o comisión avícola integrada por la ADA, las asociaciones de pequeños y medianos productores, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Ganadería y el Consejo Nacional de Producción Pecuaria.
Plantearon que este espacio cuente con seguimiento público y oficial, y que tenga como objetivos principales:
- Planificar la producción nacional en función de la demanda real.
- Establecer mecanismos transparentes para determinar cuándo son necesarias las importaciones.
- Fortalecer la vigilancia de las condiciones sanitarias de los productos avícolas importados.
- Garantizar la participación de los pequeños y medianos productores en los programas de apoyo al sector.
- Promover condiciones de comercialización que permitan cubrir los costos de producción y preservar la sostenibilidad de las granjas.
Asimismo, exhortaron al presidente Luis Abinader a visitar las granjas y reunirse con las asociaciones de productores de todo el país para escuchar sus planteamientos y acordar medidas inmediatas.
Advirtieron que la falta de soluciones podría provocar la desaparición de más productores independientes, la pérdida de empleos y una mayor concentración de la actividad avícola en manos de un reducido número de empresas, con consecuencias para la competencia y la seguridad alimentaria nacional.
“No pedimos privilegios, pedimos condiciones justas”
Los pequeños y medianos avicultores concluyeron reiterando que sus reclamos buscan garantizar condiciones de competencia, planificación y sostenibilidad para la producción nacional.
“Los pequeños y medianos productores no pedimos privilegios; solo solicitamos que el Gobierno cumpla con su deber. Hasta tanto no lo haga, estaremos en pie de lucha”, expresaron.
22 de octubre de 2026.
