SANTO DOMINGO.– Representantes de cooperativas del interior del país denunciaron presuntas presiones económicas y administrativas que, según afirman, se habrían producido durante 2025 y que estarían relacionadas con una suma superior a un millón de pesos, situación que consideran de posible carácter extorsivo.
Los cooperativistas aseguran que la preocupación ha resurgido durante este 2026, a raíz de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos mediante los cuales se les solicita comparecer ante la sede principal del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), sin que, según sostienen, se les haya explicado con suficiente precisión el motivo específico de las convocatorias.
Los representantes afirman que sus instituciones cumplen con las obligaciones legales, administrativas y de transparencia correspondientes, y aclaran que no cuestionan las facultades de supervisión del IDECOOP. Su inquietud, explican, está relacionada con la forma en que se realizan determinados requerimientos y con las presiones que aseguran haber recibido.
Ante la gravedad de los señalamientos, los dirigentes consideran necesario que los hechos sean investigados de manera objetiva por las autoridades competentes, a fin de establecer qué ocurrió, determinar si se produjeron actuaciones irregulares y, de ser así, establecer las responsabilidades correspondientes.
Asimismo, aseguran disponer de comunicaciones y documentos que podrían ser entregados a las autoridades para contribuir al esclarecimiento de la situación.
Los cooperativistas también solicitan revisar el procedimiento utilizado por la Dirección Legal del IDECOOP para convocar a cooperativas del interior del país y que se determine con claridad el papel que corresponde a las estructuras y jurisdicciones regionales.
Entienden que toda convocatoria institucional debe indicar de manera clara su fundamento legal, el motivo del requerimiento, la autoridad responsable y el procedimiento aplicable, como parte de las garantías de transparencia y debido proceso.
Los dirigentes hicieron un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, y a la presidenta del IDECOOP, Maritza López, para que conozcan los señalamientos y, dentro del ámbito de sus competencias, propicien una revisión institucional que permita esclarecer los hechos.
Sostienen que las relaciones entre el organismo regulador y las cooperativas deben desarrollarse bajo criterios de transparencia, respeto al debido proceso y ausencia de cualquier tipo de presión indebida.
Finalmente, los denunciantes reiteraron su disposición de entregar a las autoridades y, cuando corresponda, a los medios de comunicación, las evidencias documentales relacionadas con las comunicaciones y actuaciones que han motivado su preocupación.
Al mismo tiempo, solicitaron que cualquier eventual investigación preserve los derechos de todas las partes involucradas y permita establecer con objetividad la verdad sobre los hechos denunciados.
“Nuestro interés no es confrontar con el IDECOOP, sino que se investiguen las denuncias, se aclaren las actuaciones y se garantice que ninguna cooperativa sea sometida a presiones económicas o administrativas fuera de los procedimientos establecidos”, expresaron los representantes.
