El Senado de la República remitió este viernes a una comisión bicameral el proyecto de ley de medidas para el crecimiento económico, la simplificación fiscal y la mitigación de los efectos de la crisis internacional, sometido por el Poder Ejecutivo para su estudio y análisis.
La iniciativa contempla una serie de disposiciones orientadas a fortalecer la economía nacional en un contexto de incertidumbre internacional, mediante mecanismos de simplificación fiscal y acciones destinadas a impulsar el crecimiento económico.
Según establece el proyecto, su principal objetivo es proteger a los sectores más vulnerables, la clase media y las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), al tiempo que propone un mayor esfuerzo contributivo para quienes poseen una mayor capacidad económica.
La comisión bicameral tendrá la responsabilidad de evaluar el contenido de la propuesta, escuchar las opiniones de los distintos sectores involucrados y rendir un informe que posteriormente será conocido por el Congreso Nacional.
Por el Senado, la comisión estará integrada por los legisladores Pedro Manuel Catrain Bonilla, quien la presidirá; Andrés Guillermo Lama Pérez, Alexis Victoria Yeb, Ginette Altagracia Bournigal Socías, Ramón Rogelio Genao, Félix Ramón Bautista Rosario, Lía Díaz Santana, Aracelis Villanueva Figueroa, Eduard Alexis Espiritusanto Castillo, Moisés Ayala Pérez y Casimiro Antonio Marte.
La propuesta también busca dotar al Gobierno de recursos adicionales para reducir el déficit fiscal y sostener los programas de protección social.
Entre las medidas contempladas figuran la eliminación de algunos impuestos, la reducción de determinadas tasas y modificaciones al pago del anticipo para las pequeñas empresas, además de la eliminación de ese gravamen para las microempresas.
Asimismo, el proyecto incluye acciones para combatir la evasión fiscal, entre ellas el cobro del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) en las aduanas dominicanas a contribuyentes informales. También establece que el ministro correspondiente tendrá facultad de veto respecto a las empresas que soliciten acogerse a regímenes de incentivos fiscales.
