Santo Domingo.- El procurador adjunto Wilson Camacho advirtió que las investigaciones sobre la red de corrupción desmantelada en la Operación Lobo apenas comienzan y que podrían derivar en una nueva fase, que denominó “Lobo 2.0”.
Durante la audiencia en la que se conocieron las medidas de coerción contra los diez imputados, Camacho aseguró que la trama de sobornos para contratos de servicios de seguridad en instituciones públicas es más amplia de lo que hasta ahora ha salido a la luz.
El magistrado destacó la contundencia del expediente presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que logró que todos los imputados —civiles y militares, activos y retirados— quedaran privados de libertad
Camacho encabezó el equipo de fiscales junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz y los fiscales Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán, Yoneivy González y Rosa María Pichardo.
Medidas impuestas
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso arresto domiciliario a los cinco acusados que admitieron su participación en los hechos:
- Quilvio Bienvenido Rodríguez González (empresario)
- Bolívar Nicolás Fernández Espinal (civil)
- Coronel del Ejército Andrés Pacheco Varela
- Coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz
- Primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos
A los cinco que no admitieron los hechos, el tribunal les impuso también arresto domiciliario, pero sumado a impedimento de salida del país, por el riesgo de fuga y la gravedad de los cargos. Son:
- Mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz
- Coronel del Ejército Luis Ernesto Vicioso Bocio
- Coronel del Ejército Francisco Guarín Fernández
- Coronel del Ejército Elías Camaño Pérez
- Coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar
Cargos y víctimas institucionales
La red de corrupción afectó al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las distribuidoras eléctricas EdeNorte, EdeEste y EdeSur, mediante sobornos, estafas y lavado de activos.
Los implicados enfrentan cargos por violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Constitución y la Ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Crítica al Poder Judicial
En su intervención, Camacho también cuestionó que el Poder Judicial solo incentive en teoría los acuerdos en procesos penales, pero en la práctica adopte decisiones que los desmotivan. “Nosotros lo decimos en la teoría y lo hacemos en la práctica, y lo vamos a seguir haciendo”, aseguró.
Además, reafirmó que el Ministerio Público continuará ofreciendo acuerdos a quienes cooperen con las investigaciones.
